La Comisión Especial del Senado para el estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines, el 15 de noviembre de 2010, por unanimidad y tras más de dos años de trabajo, aprobó un INFORME que recomienda al Gobierno modificar la legislación vigente en la materia para introducir una serie de propuestas que mejoren la normativa de protección y el modelo de gestión de los acogimientos y las adopciones.
Desde nuestra Asociación queremos destacar en primer lugar el esfuerzo realizado, y el amplio consenso entre todos los grupos parlamentarios sobre el altísimo número de menores institucionalizados en España y la intención o deseo expresado por todos de dar prioridad al acogimiento familiar, como se cita en las conclusiones de dicho informe: “El interés superior del menor queda reconocido cuando se respeta su derecho a vivir en una familia” (…) Si el interés superior del menor es que viva con una familia, el acogimiento residencial debe tener carácter subsidiario respecto de otras medidas. Es necesario priorizar legalmente de forma nítida la alternativa del acogimiento familiar frente al residencial”.
En la práctica, como bien señala el Informe, “el modelo se caracteriza actualmente por un uso intensivo del acogimiento residencial (75% de los menores), que absorbe la mayoría de los recursos, y, en el caso del acogimiento familiar (25% de los menores), por un uso excesivo de la familia extensa y escaso del acogimiento en familia ajena (sólo 8%) con pocos apoyos en los dos últimos casos». La Comisión entiende que hay demasiados niños viviendo en acogimiento residencial, en centros de diferentes tamaños y en el mejor de los casos en pisos tutelados. Incluso entiende que el actual sistema, de archipiélago legal, falta de estadísticas, desconocimiento social de la situación de los menores desamparados, y deficiente impulso por parte de las administraciones Públicas, no propende a cambiar la situación sino que la consagra”.
Desde Familias para la Acogida consideramos que si se quiere potenciar el acogimiento familiar frente al residencial, la futura ley debería tener en cuenta algunas cuestiones que en nuestra opinión no se han recogido suficientemente en las conclusiones aportadas en el Informe del Senado:
- Formación de técnicos y familias: El acogimiento familiar es un recurso complejo que requiere la formación permanente y conjunta de técnicos y familias.
- Apoyo y seguimiento a las familias: Además del seguimiento continuo y el apoyo técnico, son necesarias medidas económicas y de varios niveles para ayudar a las familias (preferencia en la escolarización, deducciones fiscales, etc.).
- Asociaciones familiares: Frente a la escasez de familias, las asociaciones familiares juegan un importante papel en la difusión de la experiencia del acogimiento. Durante los meses de trabajo de la Comisión de estudio del Senado, diversos representantes de Asociaciones de familias, entre ellos la entonces Presidenta de Familias para la Acogida, Belén Cabello, manifestaron la función fundamental que juegan las asociaciones respecto a la promoción de la acogida familiar y de las adopciones especiales, dado que estas pueden llegar mucho más capilarmente a las familias que lo que lo puede hacer la administración pública, pero no solo desde una óptica asistencial, sino también promocional o preventiva, favoreciendo el derecho de todos los menores a crecer en una familia. Esto es así porque las familias acogedoras y adoptivas son habitualmente «militantes» en favor de una causa de alto valor civil y social, difunden la cultura de la acogida con más éxito que una campaña publicitaria, gracias a la persuasión de su testimonio de vida. Por ello la nueva ley debería introducir la contribución de las asociaciones en la difusión del acogimiento, en el acompañamiento y la formación de familias, en el apoyo socioeducativo que realizan y en la mediación con las instituciones.
- Cierre de los centros de menores: Dado que la comisión propone como una de las medidas principales “Suprimir legalmente el acogimiento residencial para menores de seis años, de forma escalonada, de modo que la medida sea efectiva, en un primer momento en el tramo 0-3 años y, en un plazo razonable, se extienda hasta los seis años”, consideramos que no se puede pensar que esto pueda suceder sin una estrecha colaboración y, por tanto, una estima recíproca, entre las instituciones públicas y las asociaciones de familias acogedoras y adoptivas.
