El abogado malagueño Alberto Peláez, presidente de Hogar Abierto.
«Todas las acciones que hagamos más allá de nuestras horas de trabajo, nos enriquecen mucho más como personas». Así piensa Alberto Peláez, que además de su labor en el mundo de la abogacía se encarga de llevar la presidencia de Hogar Abierto en Málaga, una institución colaboradora con la Junta de Andalucía que tiene como fin garantizar las condiciones de acogida, ya sea temporal o permanente, de menores con problemas en el seno familiar.
(Extracto de la noticia publicada en www.laopiniondemalaga.es, 10 de junio de 2012)
Con este objetivo primordial nació esta entidad, formada por personas relacionadas con la psicología, la educación y el trabajo social, en el año 1997. «En aquel tiempo recuerdo que empezamos en la zona de Cortijo Alto» –cuenta el presidente– antes de trasladarse a la calle Nosquera y después a la calle Barroso donde permanecen actualmente, muy cerca del Servicio de Protección del Menores. La antigua sede la mantienen, «sobre todo como un lugar para que se puedan hacer la visitas de los niños con sus padres biológicos».
En un principio, la labor de Hogar Abierto se centraba en la intermediación entre las familias de acogimiento y el menor. Para ello, uno de los pasos importantes era buscar interesados para acoger en sus casas a estos niños, ya sea con carácter temporal o de forma permanente.
Todo una constante labor en el tiempo hasta contar actualmente con un banco de 78 familias, de las cuales 47 ya están acogiendo a los 68 menores que necesitan cuidados. El resto de familias está a la espera de un niño, pendientes de valoración o ya valoradas, pero que necesitan la resolución de la Junta de Andalucía para poder recibirlos.
Hogar Abierto ha ido evolucionando desarrollando programas relacionados con los obstáculos que dificultan la convivencia y en el que se están implicadas personas de menos de 18 años. El último ha sido el Centro Especializado de Intervención Familiar, que es de carácter gratuito para aquellas familias con escasos recursos económicos y que necesitan un tratamiento específico sobre el problema que presentan los menores a su cargo.
